Existen las normas constitucionales, legales y reglamentarias suficientes y convenientes para que el proceso descentralizador se cumpla. Adem??s, hay en la casi totalidad de los ecuatorianos la convicci??n de la necesidad de cambiar radicalmente la actual estructura, fruto de un amplio debate pol??tico y acad??mico realizado durante d??cadas. Lo que no se ha observado es una voluntad real por parte de los conductores del Estado para llevar a efecto el proceso transformador, en ocasiones por la par??lisis que produce el sectarismo y, en otras, por la adhesi??n al inmovilismo fruto de intereses mezquinos de los beneficiarios de la estructura que permite el abuso corrupto del poder, en beneficio propio o de terceros. |